A mediados de los años ochenta, un grupo de mujeres se reunió en la capilla de la parroquia de una población del sector norte de Talca a ver la película El color púrpura. En ese momento era poco probable que alguna de ellas hubiese imaginado que la violencia representada en esa película –violencia que, muchas de ellas, vivían cotidianamente– llegaría a ser no solo rechazada en forma pública en Chile, sino también castigada.
En un contexto de total impunidad ante los abusos de la mayoría de las figuras «patriarcales» de la comunidad –allanamientos de agentes del Estado, golpes de los maridos y acoso sexual de patrones–, era poco probable que el Estado intercediera en beneficio de los perjudicados/as. Sin embargo, desde 1990 en adelante se han visto avances sin precedentes respecto de este tema, ganados, en gran medida, con la ayuda de mujeres como las que se juntaron a ver esa película. […]